El Gobierno liberó ayer un nuevo tramo del paquete de avales públicos impulsado para incentivar la concesión de financiación bancaria para paliar los problemas de liquidez de las empresas. En concreto, habilitó 24.500 millones de euros más en garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los que 20.000 van dirigidos a empresas (la mitad para pymes y autónomos y el resto para firmas mayores); 4.000 a la cobertura de emisiones de pagarés de empresas no financieras que operan en mercados de renta fija como el MARF, y 500 millones a la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que permite a las sociedades de garantía recíproca (SGR) avalar a las pymes en todo el territorio.
El Gobierno introdujo, sin embargo, una serie de condiciones al plan. De un lado, las empresas beneficiarias de la financiación avalada no podrán destinarla a repartir dividendos. De otro, las entidades financieras que concedan préstamos garantizados (el 80% para pymes, el 70% para nuevos préstamos y el 60% para refinanciaciones) no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los importes no dispuestos por el cliente. En paralelo, los avales sobre pagarés del MARF se reservan a firmas con sede en España “para evitar que accedan compañías con sedes en paraísos fiscales”, expuso Montero.
